AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Un primer balance social del cambio de rumbo
De la mano de mejores salarios, pensiones y transferencias monetarias hacia los hogares de ingresos más bajos, se venía verificando una reducción de la pobreza y la desigualdad que signan a la región. Según este informe de la CEPAL, desde 2015 se observa un retroceso que enciende luces de alarma.
La desigualdad es una característica histórica y estructural de las sociedades latinoamericanas y caribeñas que se ha mantenido y reproducido incluso en períodos de crecimiento y prosperidad económica. Aunque hubo avances importantes en los últimos 15 años, América Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo, por sobre el África Subsahariana (la segunda región más desigual), y presenta un índice de Gini promedio casi un tercio superior al de Europa y Asia Central.
Los altos niveles de desigualdad traban el desarrollo y son una barrera a la erradicación de la pobreza, la ampliación de la ciudadanía, el ejercicio de los derechos y la gobernabilidad democrática. La igualdad es una condición necesaria para la eficiencia dinámica del sistema económico, pues crea un ambiente institucional, de políticas y de esfuerzos favorable para la construcción de capacidades. Esto facilita la innovación local, la absorción de avances tecnológicos generados en otras partes del mundo y la difusión de las innovaciones en el tejido productivo, lo que se traduce en el acortamiento de las brechas tecnológicas, el incremento de la productividad y la creación y sostenibilidad de oportunidades de inversión.
Como se ha señalado en ediciones anteriores del Panorama Social de América Latina, la desigualdad de ingresos entre los hogares y las personas se ha reducido apreciablemente en la región desde principios de la década de 2000. El promedio simple de los índices de Gini de 18 países de América Latina bajó de 0,543 en 2002 a 0,466 en 2017. Sin embargo, el ritmo de reducción se enlenteció en los años recientes: entre 2002 y 2008 la disminución anual promedio del índice fue del 1,3%; entre 2008 y 2014, del 0,8%, y entre 2014 y 2017, del 0,3%.
La disminución de la desigualdad de ingresos entre 2014 y 2017 se explica, como en períodos anteriores, por el hecho de que el ingreso medio del primer quintil creció proporcionalmente más que el del quinto quintil, o al menos decreció en menor medida. Los factores que determinan los incrementos o deterioros de los ingresos en los grupos de menores y mayores recursos en el período difieren de un país a otro. Aunque en algunos la variación de los ingresos responde en gran medida a los cambios en la distribución de los ingresos laborales (que representan en promedio un 72% de los ingresos totales de los hogares), las pensiones y transferencias también cumplieron un papel significativo, particularmente en el caso de los estratos de menores ingresos. Esto muestra la importancia de las redes de protección social que se ampliaron y fortalecieron en América Latina a partir de comienzos de la década de 2000 para contener deterioros distributivos y, en los años más recientes, para evitar mayores retrocesos en la lucha contra la pobreza. Entre esos instrumentos destacan las transferencias monetarias y las pensiones no contributivas dirigidas a las familias de menores recursos, las que, en algunos casos, son complementadas por las remesas de trabajadores migrantes.
La desigualdad en la apropiación de los ingresos generados en el proceso productivo entre el capital y el trabajo, que se manifiesta en una baja participación de los ingresos laborales en el ingreso nacional, es también una característica histórica de las economías latinoamericanas y caribeñas. Sin embargo, tal como se ha observado en la distribución del ingreso corriente de los hogares, desde mediados de la década de 2000 la participación de la masa salarial en el ingreso total creció en 8 de los 15 países de la región de los que se tiene esta información, y se revirtió la caída que se producía desde los años setenta; esta dinámica fue similar a la que tuvo lugar en los países desarrollados, pero desde niveles considerablemente más bajos. La mejora fue más significativa en los países de América del Sur.
A partir de 2005, el crecimiento económico promedio de la región se asoció con un aumento de la participación de la masa salarial, tendencia que, aunque interrumpida por la crisis de 2009, continuó hasta 2014, año en que se registraron las tasas de desempleo y pobreza más bajas. Las políticas públicas influyeron en este resultado: los países donde esta dinámica fue más intensa no solo experimentaron un importante crecimiento económico, sino que implementaron políticas para promover la generación de empleo, la reducción de la informalidad laboral y el incremento de los salarios (incluido el salario mínimo) y fortalecer las instituciones laborales, en especial los sistemas de fiscalización laboral, los procesos de negociación colectiva y los espacios de diálogo social. Sin embargo, desde 2014 el incremento de la participación de la masa salarial en el PIB se ha vuelto menos vigoroso como promedio de la región, aunque se observa una alta heterogeneidad entre los países.
Dada la configuración de los mercados de trabajo, es fundamental considerar también los ingresos de los ocupados no asalariados (trabajadores por cuenta propia y patrones) que corresponden a la retribución al trabajo. En el capítulo, se presentan estimaciones que muestran niveles de participación de los ingresos laborales más de un 25% superiores, en promedio, a la participación salarial tradicionalmente considerada en las cuentas nacionales.
Otra clave para entender la desigualdad socioeconómica es el análisis de la estructura de la propiedad de los activos físicos y financieros, ya que la riqueza y la extrema riqueza son aspectos centrales del desarrollo y de las políticas públicas. La distribución de los activos entre el Estado, las familias y las empresas es un indicador significativo del grado de polarización, concentración o desigualdad de la estructura social, un componente clave para comprender la matriz de la desigualdad socioeconómica en la región. Los estudios sobre las realidades de Chile, el Uruguay y México presentados en el capítulo muestran que la desigualdad entre las familias en la distribución de la riqueza es mayor que la desigualdad medida por los ingresos, al mismo tiempo que la desigualdad en la propiedad de activos financieros es mayor que la correspondiente a la propiedad de activos físicos. En Chile, el índice de Gini de los activos totales (físicos y financieros) tiene un valor cercano a 0,72, que contrasta con el valor del índice de 0,45 obtenido para la distribución del ingreso corriente de los hogares. En el Uruguay, el índice de Gini de los activos físicos y financieros es de 0,67, mucho mayor que el 0,39 de los ingresos per cápita corrientes, según datos de 2014. En México, el índice de Gini de concentración del valor de las viviendas es de 0,69 y el de los contratos de casas de bolsa (valor de las inversiones en activos financieros) de 0,78, frente a un índice de la distribución del ingreso per cápita corriente de los hogares de 0,50.
En síntesis, los avances en la reducción de la desigualdad de ingresos de las personas y los hogares han sido significativos en América Latina desde comienzos de la década de 2000, así como la mejora de la distribución funcional del ingreso (aumento de la participación del factor trabajo en el PIB) a partir de mediados de la misma década. Sin embargo, ambos procesos se han enlentecido a partir de 2014. Los estudios sobre la distribución de la propiedad de los activos físicos y financieros en tres países de América Latina muestran que la desigualdad en ese ámbito es mayor que la observada en la distribución de los ingresos corrientes. Perfeccionar las metodologías de medición de la desigualdad en esos ámbitos es fundamental para el análisis de los factores que reproducen o mitigan las desigualdades presentes en las sociedades de América Latina, así como para el diseño de políticas encaminadas a avanzar hacia una mayor igualdad.
[De la síntesis.]
Título: Panorama Social de América Latina 2018.
Editor: Comisión Económica para América Latina (CEPAL).
Serie: Informes anuales.
Mes / año: Enero 2019.
Páginas: 229.
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