INDUSTRIA TEXTIL

Sindicatos y organizaciones demandan que las marcas reafirmen su apoyo a ese instrumento, que permitió mejorar las condiciones laborales y de seguridad.

Por Redacción terminalC

A fin de noviembre de 2012, tras una marcha realizada por cerca de 15.000 trabajadoras y trabajadores de la confección en las calles de Dhaka, Deutsche Welle advertía sobre los sueldos miserables y las extensas jornadas, de hasta 14 horas, vigentes en Bangladesh, país proveedor de un alto número de marcas europeas y norteamericanas. Apenas unos días antes, 110 personas habían muerto en un incendio producido en un taller donde la puerta de emergencia estaba cerrada, según el relato de un sobreviviente que había logrado saltar desde la ventana de un segundo piso. “El problema es que muchas fábricas se ubican en edificios de hasta diez pisos”, decía la cadena alemana.

Cinco meses más tarde, el 24 de abril de 2013, más de 1100 personas murieron en el derrumbe de uno de esos edificios, conocido como Rana Plaza, y 2437 resultaron heridas. La conmoción producida por esa tragedia anunciada puso en la mira no sólo a las condiciones laborales imperantes en ese país asiático, sino también al conjunto de la cadena de valor textil, donde la precarización y la tercerización son moneda corriente.

Fue también el disparador para la firma del “Acuerdo de Bangladesh sobre Seguridad en la Construcción de Edificios y de Instalaciones de Sistemas contra Incendios”, al que adhirieron cerca de dos centenares de empresas de 21 países —relacionadas con unas 1600 fábricas—, ocho sindicatos nacionales, dos confederaciones sindicales internacionales, Union Network International (UNI) e IndustriAll, y cuatro organizaciones no gubernamentales en calidad de observadoras, bajo la dirección “neutral” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El acuerdo, lanzado en mayo de 2013 y ratificado cinco años más tarde, vencerá a fin de este mes de mayo. Una de esas organizaciones observadoras, la Campaña Ropa Limpia (CCC, por su nombre en inglés), recuerda que en estos ocho años ha hecho posible acciones de inspección, supervisión de instalaciones y capacitación en materia de salud y seguridad laboral que han beneficiado a más de dos millones de trabajadores y trabajadoras. Por eso, “se ha ganado una buena reputación y credibilidad, tanto fuera como entre las personas trabajadoras”, según confirma Babul Akhter, de la Federación de Trabajadores Industriales y de la Confección de Bangladesh, uno de los sindicatos participantes.

CCC ha expresado su preocupación por la posibilidad de que el acuerdo no se renueve y que sus funciones en Bangladesh, ya transferidas a un organismo local (el Ready-Made-Garment Sutainability Council, RSC), finalmente languidezcan.

Refiere en ese sentido que las marcas se han mostrado reacias a renovar su adhesión a un tratado que, entre otras cosas, las obliga a revelar cuáles son sus fábricas proveedoras y a compensar a trabajadores y trabajadoras ante cualquier cierre por remediación o mantenimiento resultado de las inspecciones que contempla.

En tanto, Christy Hoffman, secretaria general de la UNI, y su par de IndustriAll, Valter Sanches, difundieron recientemente un comunicado en el que llaman también a garantizar la continuidad de ese instrumento.

Sostienen allí que “el acuerdo de Bangladesh se adelantó a su tiempo y sigue siendo un modelo alabado por su diseño y resultados”. Citan en tal sentido la opinión de The New York Times, que lo calificó como “la campaña más eficaz de la era globalizada”, y de la Comisión Europea, que elogió su eficacia y su impacto en términos de la debida diligencia de las cadenas de suministro.

Sin embargo, advierten que ese éxito podría verse comprometido si las marcas globales y los minoristas no firman otro acuerdo global que respalde el accionar del RSC, surgido de una decisión adoptada en 2020 por el Tribunal Superior de Bangladesh.

Un nuevo acuerdo vinculado “permitiría a los sindicatos nacionales y mundiales hacer cumplir las medidas de seguridad en el lugar de trabajo y garantizar que las marcas cumplan plenamente sus compromisos de seguridad en la industria de la confección de Bangladesh”, dicen Hoffman y Sanches, que cierran el texto con una pregunta provocativa: “No se han olvidado de Rana Plaza, ¿verdad?”.

Casi medio centenar de firmas alemanas habían adherido en su momento al “Acuerdo de Bangladesh”. En estos días, el Parlamento de ese país debate precisamente una ley sobre debida diligencia en las cadenas de suministro, presentada por el gobierno, resistida por las asociaciones empresariales y respalda con matices por los sindicatos.

“Después de una larga lucha, y con el apoyo del movimiento sindical, hemos logrado un proyecto de ley que obligará a las empresas a responsabilizarse por lo que sucede en sus cadenas de suministro, lo que hará más justo el comercio mundial. Si las empresas no cumplen con sus obligaciones en materia de derechos humanos, los sindicatos y las ONG podrán denunciarlas ante los tribunales alemanes”, declaró hace poco Jörg Hofmann, presidente de IndustriAll.

Aunque lo consideran un precedente importante para que la Unión Europea adopte una normativa de similares características, cuestionan que el proyecto sólo responsabilice a las empresas por sus proveedores directos, porque entienden que las más graves violaciones a los derechos humanos suelen producirse con los que están al final de la cadena. Consideran también una limitación que no se prevea la participación de sindicatos y comités de empresa en la gestión de riesgos.

Piden también que las empresas cuya sede se encuentre fuera de Alemania sean contempladas en la nueva normativa si tienen actividades importantes en ese país.

Publicado el 02-05-2021
Foto: IndustriAll.