TRANSPORTE CARRETERO

La norma, que rige desde el 1 de julio, exige que las empresas que operen en suelo francés paguen a los conductores el salario mínimo vigente en el país.

Pocos días antes de la entrada en vigencia de la norma, la Unión Internacional de Transporte Carretero (IRU, por su nombre en inglés) volvió a reclamar al gobierno francés una moratoria sobre la denominada ley Macron, que desde el 1 de julio impone a las empresas del sector la acreditación de una serie de condiciones laborales, entre ellas, que los conductores perciben un mínimo de 1.457 euros mensuales, el monto que rige en Francia para el salario mínimo interprofesional.

Quienes lleven a cabo servicios de transporte que transiten por Francia —ya se trate de camionetas, camiones o autobuses— deberán llevar documentación en la que figuren los datos de la empresa, del conductor, de su retribución salarial y de su contrato de trabajo. Deberán también nombrar un representante en ese país. Las multas por la falta de cumplimiento de esas normas arrancan en 2000 euros y, en caso de reincidencia, pueden llegar a 500.000 euros.

El Ejecutivo Presidencial de la IRU demandó a Francia la suspensión de la Ley Macron hasta que se clarifique su alcance jurídico, se proporcione información al sector y se garantice un período de adaptación. Conocida como tal por el nombre del ministro de Economía, la norma comprende un conjunto de reformas lanzado por el gobierno de François Holland a fines de 2014, resistido por legisladores de su propio partido y aprobado sin el correspondiente paso por la Asamblea nacional.

El presidente de la IRU declaró que la entidad había expresado ya hace más de un año sus preocupaciones respecto de la ley francesa. “Hemos puesto de relieve problemas con sus implicaciones prácticas, que se incrementan si la ejecución no fue planeada cuidadosamente y en plena consulta con la industria”, dijo Christian Labrot y añadió: “Es en extremo decepcionante que las autoridades francesas no hayan escuchado hasta ahora las solicitudes razonables del sector del transporte carretero. Es bastante claro que pocos días antes de la pretendida entrada en vigencia de las regulaciones las autoridades francesas no están preparadas. Podemos esperar un completo caos en las rutas francesas en la medida que desde el 1 de julio el gobierno decida seguir adelante con esta legislación mal preparada y equivocada. La única solución razonable es una moratoria”.

Según informa en su web la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), el gobierno francés no ha resignado la aplicación de la ley, pero en la práctica el Ministerio de Trabajo aplica una moratoria de tres semanas para la aplicación de sanciones.

Fenadismer explica que la regulación se aplica tanto al transporte de cabotaje en Francia como a los transportes internacionales con origen o destino en ese país, más allá de la nacionalidad de la empresa o del dador de carga. Y proporciona el detalle de la documentación exigida. Sólo quedan excluidos el transporte en tránsito o el que sea realizado por conductores autónomos, debidamente acreditados como tales.

Publicado el 08-07-2016
Foto: John Evans - FreeImages.