Los residuos electrónicos, una cuenta pendiente
En la región, sólo se recupera 3% del volumen que se genera. Ese proceso podría redituar unos 1700 millones de dólares de materias primeras secundarias.
Por Redacción terminalC
La generación de desechos electrónicos en 13 países de América Latina y el Caribe aumentó 49% de 2010 a 2019, en línea con la tendencia mundial, pero la tasa de recolección llega apenas a 3%, frente a una media global de 17,4%. El dato surge del Monitoreo regional de residuos electrónicos para América Latina, realizado por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), que analiza la situación de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.
El estudio destaca que solamente ese 3% de los desechos electrónicos de la región es recogido a través de conductos formales y tratado de manera respetuosa con el medio ambiente. No hay ninguna constancia sobre el 97% restante, cuya recuperación podría generas unos 1700 millones de dólares anuales.
En términos relativos, Costa Rica es el país que mayor cantidad de residuos electrónicos genera, a razón de 13,2 kilos por habitante, mientras Nicaragua se ubica en el otro extremo, con 2,5 kilos promedio.
“Los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) contienen todos productos y piezas que funcionan con una fuente de alimentación eléctrica o una batería. Una vez desechados por su propietario, los AEE se convierten en RAEE, o residuos electrónicos, que contienen tanto materiales valiosos como peligrosos”, explica el informe.
Esos AEE pueden ser agrupados en seis categorías: aparatos de intercambio de temperatura (refrigeradores, congeladores, aparatos de aire acondicionado y bombas de calor); pantallas y monitores LCD y LED de variados dispositivos; lámparas (incluidas las LED, las de alta densidad, las fluorescentes compactas y de tubo recto); grandes aparatos (lavaplatos, lavadoras, hornos y sistemas de calefacción central, impresoras profesionales y paneles fotovoltaicos); pequeños aparatos (microondas, parrillas y tostadoras, productos de higiene personal, altavoces, cámaras, equipos de audio y auriculares, juguetes, herramientas domésticas y sistemas médicos y de monitoreo) y pequeños aparatos informáticos y de telecomunicaciones (computadoras personales, impresoras, teléfonos celulares, teléfonos inalámbricos, teclados, enrutadores y consolas).
En 2019, los 13 países analizados generaron cerca de 1,3 megatoneladas de RAEE, de los que casi 30% eran de plástico. Ese volumen equivale a una línea de 670 kilómetros de camiones de 40 toneladas completamente cargados.
Entre las sustancias peligrosas presentes en esos residuos, se hallaron al menos 2200 kilos de mercurio, 600 de cadmio, 4,4 millones de plomo, 4 millones de retardantes de llama bromados y 5,6 megatoneladas de gases de efecto invernadero pertenecientes a refrigerantes. Además, contenían 7000 kilos de oro, 310 kilos de metales raros, 591 millones de kilos de hierro, 54 millones de cobre y 91 millones de aluminio, que en conjunto representan potencialmente un valor total de unos 1700 millones de dólares de materias primas secundarias.
Todos los países relevados cuentan con algunos marcos legales y reglamentarios para la gestión de residuos, pero sólo Costa Rica, Ecuador y Perú han establecido una legislación específica para los residuos electrónicos y los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.
El estudio contiene un detallado perfil de cada país, con datos cuantitativos sobre generación y recolección de residuos peligrosos, así como un relevamiento de la legislación vigente, incluidos los convenios internacionales a los que ha adherido.
Durante 2019, la Argentina puso en el mercado 313 kilotones (kt, equivalentes a un millón de kilogramos) de AEE, equivalentes a 7 kilos por habitante, y generó 328 kt de RAEE, equivalentes a 7,7 kilos por habitante, de los que 13 kt fueron recogidos oficialmente, una proporción que ronda 3,9% del total.
De ese volumen de RAEE, 22% corresponde a aparatos de intercambio de temperatura; 14%, a pantallas y monitores; 3%, a lámparas; 28%, a grandes aparatos; 26%, a pequeños aparatos y 8%, a pequeños aparatos informáticos y de telecomunicaciones.
Los autores piden a los países que introduzcan y apliquen “un marco jurídico y político centrado en la gestión ambientalmente racional de los desechos electrónicos y los COP (contaminantes orgánicos persistentes) que contienen” o que “supervisen y refuercen los sistemas existentes para hacerlos más eficientes y eficaces”.
Proponen también establecer una financiación adecuada de los sistemas y “reforzar la cooperación transnacional a fin de reducir la carga de grandes inversiones y lograr el cambio necesario”, que sintetizan en siete recomendaciones: prevenir más; estar más sensibilizados; recoger más; tratar mejor y contaminar menos; pagar adecuadamente; trabajar de forma más segura y formar más.
Publicado el 04-02-2022
Foto: set.sj - Unsplash.
