CAMBIO CLIMÁTICO

A mediados de 2012, la cumbre Río+20 volvió a poner el foco sobre la cuestión ambiental, pero sólo para arribar a definiciones tímidas y genéricas. Un repaso sobre la agenda pendiente y los retos que debe enfrentar la Argentina.

En 1992, la Cumbre de la Tierra —de la que surgieron la Declaración de Río y el Programa 21— puso sobre el tapete la problemática ambiental y estableció compromisos a fin de evitar o mitigar los daños. Dos décadas más tarde, en junio de 2012, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible realizada en Río de Janeiro, Brasil, conocida como Río+20, debía realizar un balance y definir nuevas metas concretas. La idea era avanzar hacia una economía verde “en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza”. De acuerdo con el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, “economía verde se entiende en oposición a una economía marrón, que parcializa, contamina, excluye y destruye”. Aunque es un concepto poco claro y rodeado de tensiones, se supone que define a aquella que “incrementa y privilegia el bienestar humano y la equidad social, a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas”, según definen Alicia Bárcena y Heraldo Muñoz en el prólogo de un trabajo preparado para Río+20 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo (PNUD).

Lo cierto es que en Río+20 se firmó un documento lleno de generalidades que expresaba el compromiso de adoptar un plan de producción y consumo sostenible para la próxima década, pero que no definía el polémico concepto de “economía verde”, promovido por los países desarrollados, en el que algunos ven una nueva forma de colonialismo. La segunda Cumbre de la Tierra dejó “la sensación de que no hay un interés real en llegar a un acuerdo y que los propios ciudadanos del planeta deberán ser los arquitectos de un verdadero cambio”, decía por entonces un editorial de La Nación. De hecho, la declaración final postergó hasta 2014 la decisión de crear instrumentos financieros para apoyar la transición al nuevo modelo. Y la propuesta de los países emergentes —aglutinados en el grupo G77— de crear un fondo de 30.000 millones de dólares para financiar proyectos de desarrollo sostenible fue eliminada del texto debido a la oposición de sus pares industrializados.

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