PLAN ESTRATÉGICO AGROINDUSTRIAL

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca propone construir con el aporte de actores políticos, económicos y sociales una visión compartida sobre qué debería hacer la Argentina para romper con la dicotomía comer-exportar.

Por Roberto A. Pagura

“La tradicional dicotomía comer–exportar debe ser superada, y ambos conceptos evolucionar armónicamente hacia la idea sinérgica de incrementar la oferta y la producción, para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria nutricional de todos los argentinos y, además, generar oferta exportable para abastecer al mundo, satisfaciendo las demandas existentes, y desarrollando nuevos mercados y creando demanda.”

El enunciado —que parece ofrecerse como una respuesta, no sólo a los más recientes conflictos entre empresarios del agro y el Gobierno, sino a aquellos otros que han venido atravesando la historia argentina desde fines del siglo XIX— está contenido en el documento donde se expone la metodología para arribar, a mediados del año próximo, a la elaboración de un Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal, 2010–2016 (PEA2).

Gestada en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que conduce Julián Domínguez, la iniciativa fue presentada públicamente a mediados de mayo por Cristina Fernández de Kirchner, tras la realización de una jornada de trabajo que convocó a técnicos, profesionales, funcionarios de todas las provincias y empresarios del sector. “Queremos una Argentina que pueda satisfacer la demanda alimentaria de los argentinos, pero también que sea un actor clave en el mercado mundial, objetivos que no son contrapuestos sino complementarios”, afirmó entonces Domínguez, mientras la Presidenta apuntaba que el plan “busca esencialmente seguir agregando valor a nuestros productos primarios, hacerlo en origen, con acuerdos y consensos con los sectores productivos e industriales” y el aporte del sistema universitario nacional.

A nadie se le escapa que la resolución del dilema al que aluden el documento y el ministro no es sencilla. El caso de la carne bovina es elocuente. La Argentina es, desde hace más de un siglo, un fuerte jugador en el mercado mundial, pero además ostenta uno de los consumos per cápita más altos del planeta. Así, la suba del precio interno del producto impacta con fuerza sobre el ingreso popular y ha causado dolores de cabeza a sucesivos gobiernos. Más recientemente, ha estado en el origen de restricciones a los embarques —a primera vista, erráticas—, que no provocaron sólo el disgusto de los exportadores afectados, sino también incertidumbre en los mercados de destino, donde se evalúa, en definitiva, si los frigoríficos locales pueden ser considerados como proveedores confiables.

Hace dos años, el revuelo suscitado por la aplicación de gravámenes a la exportación de granos, y en particular por la ya famosa Resolución 125, ponía también sobre el tapete algunas de estas cuestiones. Más allá del cariz político que terminaron adquiriendo los enfrentamientos, y de su evidente desmadre, el debate de fondo también giraba en torno de cuestiones como distribución del ingreso, apropiación de la renta, soberanía alimentaria, estrategias productivas, rentabilidad de la inversión y posibilidad de planificar a largo plazo. A diferencia de la carne, la soja no es precisamente una pasión gastronómica argentina; pero la lógica del monocultivo que impregna el boom de esta oleaginosa puede comprometer el desarrollo integrado de una agroindustria que se proponga alimentar y exportar.

Concebido desde la perspectiva del planeamiento estratégico, el proyecto se propone, mediante un proceso articulado y con la participación de los actores productivos, sociales, científicos, políticos y técnicos, arribar a la elaboración de un plan de largo plazo que promueva la producción de “bienes y servicios agropecuarios, forestales, agroalimentarios y agroindustriales con creciente valor agregado en origen, garantizando soberanía y seguridad alimentaria nutricional para todos los argentinos y una oferta exportable para abastecer al mundo, con sustentabilidad ambiental, productiva, territorial y social”.

La propuesta parte de una serie de definiciones. En lo que se refiere a valor agregado en origen, habla de fortalecer los emprendimientos locales y desarrollar la capacidad empresaria de agricultores familiares, pequeños y medianos, así como de la integración del proceso productivo en toda la cadena de valor.

Por otro lado, reserva para el Estado la soberanía decisional, entendida como la potestad para articular intereses sectoriales en una visión compartida de la Nación. Y sostiene que, en tal carácter, aquél debe disponer de capacidad regulatoria para promover ciertas actividades, restringir el uso de recursos escasos, redistribuir la renta extraordinaria, equilibrar la rentabilidad producto de la escala productiva con la ocupación territorial, promover la generación de saldos exportables y al mismo tiempo garantizar la soberanía y seguridad alimentaria nutricional, esto es, asegurar a todos los argentinos la posibilidad de contar con “suficiente alimento, seguro y nutritivo”.

La metodología contempla la aproximación por pasos sucesivos a un producto final esperado, que, si los plazos previstos se cumplen, estaría concluido hacia mediados del próximo año.

En diálogo con terminalC, el director del proyecto, Isidoro Felcman, explicó que la idea del ministro Domínguez era tomar distancia de los llamados planes normativos, concebidos por gabinetes de expertos, para apuntar a una construcción participativa, alimentada por “la totalidad de los actores sociales, productivos, del sistema científico-tecnológico y de las provincias que tengan algo para decir y proponer al respecto”.

Felcman destaca que “esto no es un plan, sino una metodología para la elaboración de un plan”. Y explica: “Si bien se propone arribar a una visión compartida sobre cuáles deberían ser las metas más adecuadas y consensuadas y cuáles las políticas para alcanzarlas, y ése es el producto final, el proceso es tan importante como el resultado”.

La participación está organizada en clusters de actores. Básicamente, se trata de los que reunirán a las provincias, que ya venían trabajando en el Consejo Federal Agropecuario; a los integrantes del sistema productivo, a partir de las cámaras que integran a cada una de las ramas o actividades del sector agropecuario y de las respectivas cadenas de valor; a los actores sociales, entre los que se cuentan desde los foros de agricultores familiares a las organizaciones de consumidores y las relacionadas con temáticas agroalimentarias y ambientales; y a los representantes del sistema científico-tecnológico, con un peso decisivo de las universidades nacionales.

Aunque aclara que no puede anticiparse a qué acuerdos arribarán esos actores en materia de políticas, Felcman entiende que “hay una sola manera de superar la dicotomía comer-exportar: con mayor producción”. Al respecto, cree que la Argentina “está destinada a desempeñar un papel geopolítico y económico importante en las próximas décadas”.

Subraya, finalmente, que el proceso de elaboración del plan también tiene que ver con otro aspecto, que trasciende su especificidad. “Todo eso que estamos haciendo tiene como propósito mostrarles a todos los sectores —que en definitiva son todos los argentinos— que, cuando hay un propósito común y rigor metodológico, podemos ponernos de acuerdo en un futuro compartido, construido colectivamente”.

Como fruto de ese proceso, el proyecto aspira a la consolidación de esos espacios de participación; el fortalecimiento institucional del Estado y la vigorización de su vínculo con la sociedad, a través de actores involucrados en la elaboración de políticas públicas de largo plazo; la elaboración del Plan propiamente dicho, consensuado y avalado por todos los actores involucrados; y la aprobación de una ley que instrumente su aplicación y de normas complementarias que contribuyan a su institucionalización.