SEGURIDAD ALIMENTARIA

El propósito de esta publicación preparada para la CELAC es suministrar a los países de la región información actualizada y oportuna sobre el estado de la seguridad alimentaria y nutricional, el papel que tienen distintas áreas como la agricultura, el comercio agroalimentario y la gestión de recursos naturales en la erradicación del hambre y la posibilidad de enfrentar con éxito la doble carga de la malnutrición, en un contexto en que los efectos del cambio climático pueden amenazar los avances observados hasta el momento en América Latina y el Caribe.

La meta 1.C de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padece hambre, permitió a la región entender la importancia que debe darse a la seguridad alimentaria y nutricional en la agenda pública regional, la necesidad de sostener el compromiso político y una gobernanza ampliada destinada a dar eficacia, calidad y buena orientación a las intervenciones del Estado, así como la relevancia de la institucionalización de la seguridad alimentaria y nutricional en instrumentos públicos, leyes, programas y políticas sociales.

La firma, en enero de 2015, del Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC 2025 representó la consolidación de un largo proceso de discusión política para la inclusión de la seguridad alimentaria y nutricional en la agenda pública de América Latina y el Caribe.

En efecto, ya en 2005 la región puso en marcha la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre 2025, compromiso pionero en el mundo, que fijó la meta de erradicar el hambre para el año 2025 y que sirvió de base para la discusión de la situación de la seguridad alimentaria y nutricional, tanto a nivel regional, en espacios supranacionales como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), la Comunidad del Caribe (CARICOM) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), como a nivel nacional, en diversas instancias especializadas de los países de la región.

El compromiso político de alto nivel que significó este proceso hizo posible instalar la problemática del hambre y la malnutrición en la agenda pública de América Latina y el Caribe, y a la vez ha permitido que los países de la región aborden de forma más integral y comprehensiva la seguridad alimentaria y nutricional. Este nuevo enfoque tiene como característica principal el desplazamiento del espacio de tratamiento del problema del hambre, desde lo técnico hacia lo político, lo que no se traduce en la pérdida de criterios técnicos, sino en su adaptación estratégica a objetivos políticos con una mirada integral.

Este enfoque, fruto del compromiso político, puede caracterizarse por tres aspectos fundamentales: i) la presencia de más dimensiones institucionales para el diseño de políticas públicas, lo que significa la ampliación de los marcos tradicionales de discusión y diseño de políticas, para integrar también nuevos espacios institucionales de participación, así como la consideración de variables propias de la actividad política, a fin de generar los consensos necesarios para la implementación sostenible de estrategias de seguridad alimentaria y nutricional; ii) el reconocimiento del carácter multisectorial del problema del hambre y la malnutrición, lo que implica la implementación de mecanismos de coordinación intersectorial y de gobernanza ampliada para el diseño de políticas más integrales, con medios de ejecución y evaluación multidisciplinarios e inclusivos, y iii) la implementación de políticas de seguridad alimentaria y nutricional en una lógica de “doble vía”, que integra medidas de corto plazo para dar respuesta inmediata a los efectos del hambre y la malnutrición, junto con la aplicación de políticas de mediano y largo plazo para dotar de sostenibilidad los procesos de avance económico y social, asegurando con ello la estabilidad de la seguridad alimentaria y nutricional.

Los efectos de este nuevo enfoque para la erradicación del hambre y la malnutrición pueden observarse, particularmente, en la creciente existencia de instrumentos de distinta naturaleza para el abordaje multisectorial de la seguridad alimentaria y nutricional. Por ejemplo, siete países de la región han promulgado leyes de seguridad alimentaria y nutricional, a fin de brindar un marco jurídico adecuado para el proceso de erradicación del hambre y la malnutrición; asimismo, cerca de 20 países de América Latina y el Caribe cuentan con políticas, planes o estrategias de seguridad alimentaria y nutricional que abordan sus cuatro dimensiones y que incluyen en su diseño los esfuerzos programáticos de todas las instituciones públicas cuyo campo de acción tiene incidencia en la seguridad alimentaria y nutricional.

Cabe destacar que este proceso se ha visto enriquecido por la participación de actores que han colaborado en un ámbito tradicionalmente vinculado al poder ejecutivo de cada país, como es la discusión y diseño de políticas públicas, de modo de crear instrumentos institucionales adecuados para el proceso de erradicación del hambre y la malnutrición. Por un lado, el poder legislativo ha resultado fundamental no solo en la creación de leyes de seguridad alimentaria y nutricional, sino también en la inclusión del derecho humano a la alimentación adecuada en el debate de políticas, así como en la discusión de otras leyes y normativas sectoriales claves para la reducción del hambre como, por ejemplo, las referentes a la agricultura familiar; la sociedad civil, en tanto, también se ha vinculado fuertemente en el proceso político dirigido a erradicar el hambre y la malnutrición, y su rol se ha visto reforzado en los espacios de gobernanza ampliada de la seguridad alimentaria y nutricional que se han establecido en diferentes países de la región.

Las iniciativas señaladas han sido la base que ha sustentado la implementación de programas para la erradicación del hambre, la malnutrición y la pobreza en la última década. La extensión de iniciativas públicas como los programas de transferencias condicionadas (PTC), los programas de alimentación escolar y su vinculación con la agricultura familiar mediante esquemas de compras públicas o el establecimiento de sistemas públicos de abastecimiento de alimentos son solo algunas de las expresiones políticas que permiten que América Latina y el Caribe se encuentre en una posición ventajosa para el cumplimento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

[Del capítulo VI.]

Título: Seguridad alimentaria, nutrición y erradicación del hambre CELAC 2025: elementos para el debate y la cooperación regionales.
Autor: coordinado por Enrique Oviedo, Adoniram Sanches y Pablo Rabczuk.
Editor: Coedición CEPAL, FAO y ALADI.
Mes / año: Julio 2016.
Páginas: 97.

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