CONTRABANDO DE DROGAS

Cómo prevenir un flagelo en alza

Para contribuir a ese objetivo y esclarecer el papel de sus representados en el comercio exterior, el Centro de Despachantes organizó un encuentro con jueces y funcionarios que permitió avanzar hacia una mayor cooperación.

Cómo prevenir un flagelo en alza

 

En poco más de una década, el volumen de cocaína decomisada en el país se multiplicó por cuarenta. La cifra, claro está, pueda ser vista como expresión de una mayor eficacia de las fuerzas de seguridad en la represión del contrabando de estupefacientes, pero habla también del crecimiento del fenómeno, que enturbia las operaciones corrientes de comercio exterior y coloca a sus actores en situación de vulnerabilidad y sospecha. La necesidad de coordinar acciones para prevenir este ilícito y de esclarecer la función que desempeñan sus representados llevó al Centro de Despachantes de Aduana (CDA) a realizar, a comienzos de abril, unas jornadas de reflexión y debate con jueces, fiscales y miembros de la Gendarmería, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Dirección General de Aduanas y otros organismos.

La mecánica del encuentro, organizado en conjunto con el estudio BRSV Abogados, consistió en el análisis de cinco situaciones hipotéticas —aunque representativas de modalidades delictivas cada vez más frecuentes—, que ilustran sobre las dificultades que supone encuadrar las responsabilidades de los operadores involucrados. En uno de los casos propuestos, por ejemplo, la tarea del despachante es requerida por una empresa, debidamente registrada y que se encarga además del transporte, para una importación de telas desde Paraguay. Luego de oficializar la destinación, la aduana detecta que dentro del contenedor se ocultan 150 kilos de cocaína.

Otro refiere a un despacho de libros a Bélgica, con escala en Barcelona, al que se asigna canal rojo obligatorio en razón de su posición arancelaria. Con un alerta en pantalla sobre riesgo de estupefacientes, el verificador controla al azar la mitad de los bultos y no detecta irregularidades. Al llegar a destino, sin embargo, se descubre que 5 de los 60 bultos despachados contienen 20 kilos de la misma droga cada uno.

Uno más alude a una importación de ácido sulfúrico —un precursor químico— desde Chile, que debe ingresar por la aduana del paso Cristo Redentor y es transportada por cuenta del importador. Alertada por el despachante, que sospecha de la operación, la Gendarmería resuelve permitir el ingreso sin control del camión y planifica una entrega vigilada para determinar hacia dónde se dirige; pero en Uspallata la Aduana advierte que la documentación no está en regla y procede a detener el vehículo.

Con posterioridad al análisis de los casos planteados, dirigido sobre todo a evaluar el comportamiento de los actores y el encuadre legal de sus conductas, los miembros de cada mesa expusieron las conclusiones a los asistentes y debatieron con ellos. Desde la perspectiva del CDA, las jornadas cumplieron su cometido, al permitir el acercamiento de las partes mediante una comprensión recíproca de las diferentes perspectivas y, de tal modo, allanar el camino para una mayor cooperación, no sólo entre operadores y autoridades, sino también entre diversas agencias gubernamentales.

Al cierre del encuentro, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, aseguró —en implícita respuesta a una de las inquietudes planteadas en el encuentro— que la base de datos del organismo “está a disposición” de la Justicia y de las fuerzas de seguridad. Confirmó también que la Argentina había presentado, en la asamblea del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), que se desarrollaba por esos días en Ecuador, una propuesta de acuerdo de intercambio de información fiscal para todos los países de América latina, España y Portugal, destinado a combatir “el flagelo del narcotráfico y el lavado de dinero” y garantizar un comercio exterior “más seguro y transparente”. Finalmente, refirió que las incautaciones de cocaína y marihuana habían crecido 32% y 55% en el primer trimestre respecto de igual período del año pasado, en tanto que las personas detenidas en los procedimientos habían pasado de 67 a 80.

Durante un diálogo con terminalC, Gustavo López, presidente del CDA, y Héctor Guillermo Vidal Albarracín, socio del ya citado estudio BRSV y coautor del libro La responsabilidad del despachante de aduana, manifestaron su satisfacción con los resultados de la iniciativa. “Necesitábamos que supieran cuál es nuestra función y creo que lo han entendido”, dijo López, en relación con los funcionarios judiciales y de seguridad que participaron de las mesas, mientras Vidal Albarracín explicó que las diferencias de interpretación entre diversas jurisdicciones generan incertidumbre para el despachante, que puede pasar “de víctima a cómplice simplemente por haber documentado una operación”.

Uno y otro destacaron la importancia de la colegiación de los despachantes, que viene siendo impulsada por el CDA desde hace varios años y cuenta con dictamen favorable de la Aduana y la AFIP, pero aún no ha sido debatida en el ámbito de la Cámara de Diputados. “Con la colegiatura, va a haber un tribunal de ética para juzgar a los operadores y se producirá un material muy rico sobre lo que debe o no hacerse, algo que los jueces hoy desconocen. Además, se acabarán los despachantes aventureros, ocasionales, que son los que generan esta necesidad de mayores resguardos”, señaló Vidal Albarracín.

López, por su parte, enfatizó la importancia de la capacitación, una de las prioridades del CDA. Al respecto, señaló que la formación de los despachantes es hoy deficitaria y que comienzan a trabajar sin la experiencia necesaria, que en otras épocas provenía de haberse desempeñado como apoderado general de un colega durante dos años. En tal sentido, agregó, la colegiatura abriría también paso a la creación de una carrera de nivel universitario.

Uno de los temas debatidos durante las jornadas fue la resolución 39 de la Unidad de Información Financiera (UIF), que ubica a los despachantes, junto a importadores, exportadores y agentes de transporte aduanero, entre los sujetos obligados a adoptar procedimientos tendientes a prevenir e impedir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. En tal sentido, López precisó que el despachante es el último eslabón de la cadena y no tiene contacto con el dinero, que en las operaciones de comercio exterior está completamente bancarizado. Destacó también que el organismo es una delegación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y que la Argentina debe cumplir con sus normas, pero reveló también que el CDA estaba en conversaciones con la UIF para precisar los alcances de la iniciativa y evaluar en qué medida se puede colaborar para que sean alcanzados los objetivos de la iniciativa.

Vidal Albarracín, por su parte, señaló que la definición de sujeto obligado estaba contemplada en la ley 25.246, pero las obligaciones no habían sido precisadas ni reglamentadas hasta ahora. Tras afirmar que la voluntad es colaborar, pero con razonabilidad, dijo que es lógico que, en función de su actividad, el despachante informe sobre una operación que considera inusual, pero “no que le pidan que haga de calificador desde el punto de vista del lavado activo, porque ésa es una tarea que corresponde a la autoridad de control”.


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