IMPORTACIONES

A la espera de alguna certeza

La creación de un nuevo régimen por parte de la AFIP, que se suma a las licencias no automáticas, generó cierto recelo en el sector. Aunque aún falta conocer sus efectos concretos, la Cámara de Importadores cree que tiene aspectos positivos.

A la espera de alguna certeza

 

Con la creación de la denominada “Declaración Jurada Anticipa de Importación” (DJAI), establecida por resolución 3252 de la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Gobierno dio otro paso en su política de administración del comercio, que apunta a preservar el superávit externo y resguardar a la producción local de las vicisitudes de una economía internacional que no atraviesa, precisamente, su mejor momento. Aunque una norma posterior mejora la instrumentación e introduce un sistema de ventanilla única electrónica, operadores y entidades del sector miran con cierto recelo el nuevo régimen, que rige desde el 1 de febrero y se superpone con la extensión de las licencias no automáticas. La Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA) ofrece por su parte una visión más matizada y su gerente de Relaciones Institucionales, Miguel Ponce, llama a “desdramatizar”.

Luego de precisar alcances y sujetos involucrados, la resolución 3252 dice que la información contenida en las DJAI será puesta a disposición de los organismos que adhieran al nuevo mecanismo, en función de su competencia, de la naturaleza de la mercadería a importar o de otras condiciones establecidas por ellos o por la propia Administración. Y prescribe que esas reparticiones deberán pronunciarse en un plazo preestablecido. Tres semanas después, la AFIP dictó una nueva resolución, la 3255, en la que reglamenta el nuevo régimen, le asigna el carácter de ventanilla única electrónica, fija tiempos taxativos para la evaluación e introduce el criterio de automaticidad del procedimiento: dicho de otra manera, si no hay observaciones, el trámite seguirá su curso normal.

El primer organismo en adherir al régimen fue la Secretaría de Comercio Interior, que encabeza Guillermo Moreno. En sus fundamentos, la resolución 1/2012 subraya la importancia de contar con esa información para “realizar análisis tendientes a impedir que el mercado interno se vea afectado negativamente” por la importancia cualitativa o cuantitativa de las importaciones. En su artículo 2, la norma señala que ese organismo se pronunciará “en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles”. La 3255 de la AFIP, en cambio, dice que las observaciones deberán ser efectuadas dentro de las 72 horas de la oficialización de la DJAI, un lapso que podrá ser ampliado “hasta un máximo de diez (10) días corridos en aquellos casos en que la competencia específica del organismo adherente así lo amerite”.

Días más, días menos, diversas entidades manifestaron su preocupación cuando se dio a conocer la introducción del nuevo régimen. La Unión Industrial Argentina, la Cámara de Exportadores y la Asociación de Importadores y Exportadores pidieron que se postergara la puesta en marcha, se aclararan algunos puntos difusos y se garantizara que las DJAI no se convertirían en un obstáculo para las operaciones. Tanto la AFIP como las secretarías de Comercio Interior y Comercio Exterior —creada en diciembre último y conducida por Beatriz Paglieri— salieron a desmentir las prevenciones, mientras la 3255 recogía algunas de las demandas.

No obstante, la prueba de fuego estará en el resultado de las intervenciones, algo que al cierre de esta edición era aún difícil de predecir. En los primeros días de febrero, a poco de entrada en vigencia de las DJAI, los responsables comerciales de algunos operadores consultados por terminalC manifestaban su inquietud ante esa falta de certezas. Tal como se consigna en la nota central de esta edición (ver páginas 10-19) a propósito del comercio con la Unión Europea, Patricio Pranzetti, de Panalpina, consignaba que el hecho de no distinguir “si se trata de bienes de consumo o bienes claves para la producción” genera incertidumbre y obliga a analizar qué impacto tendrá el sistema sobre las proyecciones de la empresa. Mariano Girini, de Schenker, apuntaba a su vez que las primeras presentaciones de sus clientes habían obtenido respuestas muy diversas, sin que fuera posible aún descubrir un parámetro claro y previsible.

Por su parte, el presidente del Centro de Despachantes de Aduana (CDA), Gustavo López, dijo a esta revista que estaban esperando los tiempos establecidos por los diversos organismos para tener una impresión sobre los efectos del nuevo régimen. Sin embargo, señaló que, “a simple vista, puede estimarse que el ingreso de mercaderías no va a seguir fluyendo como hasta ahora”.

Entretanto, comentó que, si bien el sistema operativo funciona adecuadamente, la registración es muy engorrosa, dado que datos como la descripción de los productos deben ser cargados en forma manual. En despachos con 200 o más ítems o subítems, habituales en la industria automotriz o las grandes empresas, eso insume una importante cantidad de horas-hombre, explicó.

El directivo del CDA refirió que la AFIP había recogido algunas propuestas realizadas por la entidad —como que no es necesario presentar la DJAI ante ningún funcionario y basta su aprobación por sistema—, pero no otras. Así, no se aclaró qué márgenes de tolerancia se admitirán en materia de precio FOB como de cantidades o kilos. Y se incluyeron algunos regímenes que a juicio del CDA deberían quedar afuera, como los ingresos a zonas francas, que no son destinaciones definitivas.

López añadió que el caso que más les inquieta es el de ciertas DJAI que tenían estado de salida (equivalente a contar con el visto bueno de todos los organismos intervinientes) y fueron cambiadas al estado observado. “Tenemos todas las referencias de que no puede ser y que debe tratarse de un error del sistema, pero eso nos preocupa mucho, porque así es imposible registrar cualquier operación de comercio exterior”, planteó. Con todo, consideró que las trabas no están en las DJAI, que funcionan, sino por el lado de las licencias no automáticas, que estaban en manos de la Secretaría de Industria y hoy han pasado a la órbita de Comercio Interior.

Esa misma distinción establece Ponce, de la CIRA. “La problemática central, que genera ansiedad en el sector, tiene que ver con el pasado, con el stock de productos que están en puerto o en depósitos fiscales y continúan retenidos”, apuntó durante un extenso diálogo con terminalC. “La definición de instrumentar la ventanilla única, que era un viejo pedido del sector privado y en particular de nuestra cámara, nos parece un paso adelante en el proceso de transparentar y evitar costos innecesarios en las operaciones. Y queremos aferrarnos a las palabras, tanto de (el titular de la AFIP, Ricardo) Echegaray como de (la directora de Aduanas) Siomara Ayerán, de que esto no se va a constituir en una traba para el comercio exterior”, afirmó el directivo.

Señaló también que la resolución 3255 había significado un avance en cuatro aspectos: la simplificación de los datos solicitados, la posibilidad de habilitar procedimientos de emergencia para productos o insumos sensibles, la previsibilidad de los plazos y la automaticidad de la aprobación en caso de que no se produzcan observaciones. Aunque subrayó que no existían aún datos fehacientes, estimó que cerca de 80% de las DJAI presentadas habían recibido un dictamen favorable. Refirió, incluso, que se habían levantado algunas impugnaciones luego de la presentación de las aclaraciones requeridas, y que hay predisposición a dar curso a las solicitudes donde se demuestra que la falta de alguna pieza o insumo puede comprometer un proceso productivo.

Su impresión es que habrá un ingreso fluido de aquellos renglones que el año pasado hayan implicado movimientos de divisas inferiores al medio millón de dólares o no sean producidos en el país. En cambio, las mayores trabas tienen relación con productos terminados y que pueden ser fabricados localmente.

Ponce, en cambio, se manifestó preocupado por la extensa y diversa lista de productos que continúan en depósitos por falta de resolución de pedidos de licencias no automáticas. La nómina incluye desde mochilas escolares, tornillos, llaves torch, piezas de cajas de cambios y reductores de velocidad hasta máquinas para la fabricación de vástagos de canillas, tornillos traumatológicos o implantes dentales, que se exportan a Latinoamérica.

“Con la situación que existe en el sector, están faltando insumos para la industria petrolera. Se dice también que se quiere sustituir papel importado. Para eso, las plantas de celulosa tendrían que estar trabajando a full. Sin embargo, están parados minitractores, sopladores a explosión, hidrolavadoras, motobombas a explosión, motogeneradores diesel, todos para la industria de la madera. Y también están faltando repuestos para las máquinas, para lo que ya está funcionando. Por eso, mi afirmación, que algunos han salido a contestar, de que no hay sector industrial donde no esté habiendo algún tipo de faltante, sean insumos, repuestos o bienes de capital para los procesos productivos”, ilustró.

“Nosotros respetamos que el Gobierno se preocupe por las divisas. Y entendemos que esa instrumentación de las DJAI le permite al secretario de Comercio ejercer tres de sus atribuciones más importantes de manera más eficiente: el monitoreo del flujo de bienes, los precios y, no menos importante, el desempeño de aquellos sectores que han sido protegidos por las licencias no automáticas”, sostuvo Ponce, y se explayó sobre este último aspecto. “Esa información va a permitir medir si se hicieron las inversiones comprometidas, si se logró el objetivo de crear puestos de trabajo, si los precios fueron los convenidos y si el mercado interno fue abastecido en la cantidad y con la calidad adecuadas. En síntesis, evaluar algunos agujeros negros donde está yéndose mucho del sacrificio de la gente, que ha estado en definitiva subsidiando a estos sectores”.

Más allá de esas observaciones, expresó su confianza en que estas medidas terminen apuntalando “el círculo virtuoso de más importaciones para más producción para más mercado interno y más exportaciones, y no al revés”. Por eso, apuntó, “queremos que medidas con las que incluso podría coincidirse en términos de objetivos no terminen, por error en la instrumentación o alguna torpeza, produciendo el efecto contrario”.

Finalmente, Ponce recalcó que es importante cuantificar. “El año pasado —dijo—, hubo 835.000 operaciones de importación por parte de unas 6.000 empresas. Ese nivel tiene mucho que ver con la necesidad de desdramatizar las situaciones y llevar tranquilidad a todos los sectores que hoy están mirando con alguna ansiedad el escenario actual y el inmediato. Para muchos, el año pasado fue posiblemente el año con mayores trabas para el comercio exterior, en términos históricos. Sin embargo, hace diez días, se conocieron los datos oficiales: récord de importaciones, de exportaciones, de intercambio comercial. Entonces, es siempre interesante separar el ruido de las nueces”.

Y concluyó: “Cuando me preguntan si estas medidas son buenas o malas, digo: esperemos los números. Me parece sensato tener en claro que 120 empresas manejan 80% de las operaciones de comercio exterior en la Argentina. Si hacemos una suerte de control por excepción, como decimos en mi profesión, la ingeniería, pongamos entonces los ojos en esas 120 grandes empresas y tratemos de que el resto, que en general es pyme, funcione de la manera más tranquila y normal posible. Una pyme tiene menos respaldo para aguantar los costos que implica tener tantos meses parada una mercadería en terminales o depósitos fiscales. Eso termina trasladándose al consumidor final y si la empresa exporta, le quita competitividad. Entonces, racionalicemos este tipo de cosas para que no termine provocándose un resultado inverso al que se quiere obtener”.


36 importaciones tabla a

36 importaciones tabla b


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